En materia de política social, pocas iniciativas han capturado la atención de las transferencias condicionales, intervenciones a través de las cuales se les paga a las familias una cierta cantidad de dinero por cumplir con ciertos requisitos: llevar a los hijos a la escuela, a chequeos médicos o a vacunarse, por ejemplo. Este tipo de programa se inicio hace poco más de diez años en México con “Progresa” – hoy “Oportunidades” y se ha extendido por toda América Latina, Asia y África. Y es que existe evidencia de que efectivamente esos programas, bajo ciertas condiciones, sí han logrado sus objetivos de aumentar la participación escolar y el uso de insumos de salud – aunque mucho menos se sabe de la sostenibilidad de estos resultados o del costo de oportunidad de estas intervenciones.

Para los distractores de estos programas de transferencias condicionales, la mayor objeción es muchas veces moral. Se argumenta que estos programas no son más que un soborno a las familias para motivarlas a hacer algo que de todas formas es su responsabilidad. Es un cuestionamiento sobre la división de las tareas del Estado y del individuo; sin duda, una pregunta fundamental. Con esto en mente, un artículo de investigación reciente de Thomas Dee muestra que programas al reverso de Progresa también funcionan. Esto es, la probabilidad de enviar niños a la escuela, por ejemplo, aumentó en el área de estudio cuando el no hacerlo conllevaba una penalidad monetaria en la forma de una reducción en las transferencias del Estado. Este estudio tuvo lugar en Wisconsin en Estados Unidos, mientras que los otros tipos de programas se han implementado mayormente en países en vías de desarrollo (con la notable excepción de un programa piloto en la ciudad de Nueva York). Pero los resultados, sin duda, apuntan hacia un área de investigación centrada sobre las diferencias entre los dos esquemas, sus pros y sus cons. Los hacedores de política económica y social deben prestar atención.